El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella interpuesta por VOX contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionada con los gastos destinados a la repatriación de activistas españoles detenidos en Israel tras su participación en la Flotilla, así como por el envío de un buque para proporcionar apoyo consular a estos ciudadanos. La acción legal también incluía a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El tribunal ha indicado que los hechos se enmarcan en «decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa», y que no se han presentado pruebas que sugieran la comisión de delitos como la malversación o la prevaricación. Además, se señala que la querella parece tener un «propósito político» carente de base fáctica relevante desde el punto de vista penal.

El auto emitido por el tribunal, al que RTVE ha tenido acceso, aclara que el despliegue del buque «no implica una desviación de fondos, sino que se trata de un acto político y operativo respaldado por competencias constitucionales». Asimismo, se establece que la «fiscalización de su oportunidad debe corresponder al ámbito parlamentario o político, y no al penal».

En conclusión, el Tribunal Supremo determina que los recursos se utilizaron con un propósito público, es decir, para la protección consular y diplomática, lo que implica que «no hay lucro personal ni uso para beneficio privado, ni se ha demostrado un detrimento ilícito, ya que los gastos se realizaron de acuerdo a la finalidad institucional».