**Viernes, 17 de octubre de 2025**

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha presentado un informe ante la Corte Constitucional que expone una de las irregularidades más alarmantes de los últimos años: entre 2018 y 2023, se facturaron $2,3 billones por servicios médicos a 471.480 personas ya fallecidas. Este hallazgo, que sirve como insumo para la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), evidencia una práctica sistemática de cobros irregulares que pone en riesgo la integridad financiera y ética del sistema de salud en Colombia.

**Datos Clave**

El informe destaca que el año 2021 fue el más crítico, acumulando $699.480 millones en facturaciones indebidas. De este total, el 52% corresponde al régimen contributivo, lo que indica que las irregularidades afectan tanto al sector público como al privado. Lo más preocupante es que hay casos en los que los servicios médicos fueron reportados hasta 26 años después de la muerte del paciente.

**Lectura Adicional**

“Daremos las garantías de seguridad para las votaciones del 26 de octubre”: Presidente Petro.

El Ministerio de Trabajo ha ordenado una inspección nacional en aeropuertos tras denuncias sobre precarización laboral.

Según el Sistema General de Regalías (SGR), esta intervención beneficiará a más de 24.000 habitantes de 27 veredas y mejorará la conexión entre los departamentos de Guaviare y Meta. La entidad subrayó que la Asignación para la Inversión Regional del 40% tiene como objetivo financiar proyectos estratégicos que fomenten el desarrollo territorial y atiendan las necesidades específicas de cada región.

**EPS Más Involucradas**

Las estadísticas son contundentes y apuntan a varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) de gran relevancia:

1. **Sura**: 50.404 casos – $684.989 millones
2. **Compensar**: $418.970 millones
3. **Savia Salud**: $261.580 millones

Un caso que resalta es el de Coosalud, que registró la prestación de un servicio médico 26 años después de la muerte del afiliado.

**Cobros Inadmisibles**

El informe indica que el 31,21% de los registros corresponde a servicios reportados entre 2 días y un mes tras el fallecimiento. Además, 4.666 personas recibieron atención ficticia más de un año después de su muerte, y 1.172 fueron «atendidas» más de 10 años después. En 29 casos, se reportaron servicios más de 20 años después del deceso.

Entre los servicios más facturados se encuentran los procedimientos médicos, con 382.864 casos y un valor de $1,6 billones, seguidos de hospitalizaciones, laboratorios y programas de promoción y prevención de la salud.

**Infracción de Normas y Falta de Auditoría**

El marco normativo es claro: las EPS e IPS solo pueden facturar servicios que hayan sido efectivamente prestados hasta la fecha del fallecimiento. Sin embargo, las cifras revelan una omisión masiva de los deberes legales. Las entidades tienen la obligación de reportar el fallecimiento en un plazo de 5 días hábiles, y cualquier servicio posterior debe ser revisado o eliminado en auditoría.

El presidente Gustavo Petro ha denunciado esta situación en sus redes sociales, subrayando la gravedad del descubrimiento. El documento ya ha sido enviado a la Corte Constitucional, que está analizando la información en el contexto de la revisión de la UPC, el mecanismo que determina la financiación de los servicios de salud en Colombia.