En Venezuela, según la ONG Foro Penal, se registran 490 detenidos políticos hasta el último informe del 30 de marzo de 2026. Video: Se han cumplido tres meses desde la captura de Nicolás Maduro: ¿Qué futuro se vislumbra en el país? Tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado, Venezuela atraviesa una fase política de cambios. Un aspecto notable ha sido la aprobación de una “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, promovida por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que busca ofrecer una amnistía general por delitos o faltas cometidos con el objetivo de fomentar la paz y la convivencia democrática.

Sin embargo, este intento de pacificación ha sido criticado tanto por activistas de derechos humanos como por muchos de los potenciales beneficiarios que están en el exilio, quienes consideran que no es suficiente para garantizar un estado democrático donde sus libertades no estén en peligro. “Es una ley que solo beneficiará a un número reducido de personas, debido a las restricciones que dejan fuera a muchos otros”, comenta la defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, con décadas de experiencia en el activismo por los derechos humanos.

Bolívar subraya que aquellos que se encuentran fuera de Venezuela enfrentan grandes obstáculos. La ley exige que quienes deseen acogerse a ella se presenten ante un tribunal, pero no hay garantías de que, al regresar al país, no se active una alerta judicial, lo que genera una gran incertidumbre. “Cualquiera en el exilio que tenga una causa abierta lo pensará dos veces”, advierte.

Un caso revelador es el de Luis Peche Arteaga, un consultor político que huyó a Colombia en mayo de 2025 al enterarse de que estaba en una lista de captura de la inteligencia militar. “No tengo un expediente abierto en un tribunal, solo una orden de captura de un cuerpo de inteligencia”, explica Peche Arteaga. Esto evidencia cómo, tras detenciones, la fiscalía crea expedientes de manera arbitraria.

Rina Díaz Sánchez, otra exiliada y abogada, comparte una experiencia similar. Huyó del país para evitar una detención arbitraria, y su historia está marcada por su conexión con el exdiputado Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 con el apoyo de Estados Unidos. Díaz Sánchez tiene una alerta de aprehensión y enfrenta prohibiciones que complican su posible regreso.

Las promesas de la presidenta Rodríguez de que el país está “de brazos abiertos” para quienes deseen regresar chocan con la realidad de los relatos de los exiliados. Peche Arteaga señala que aún faltan señales concretas para avanzar en las garantías de libertades políticas, citando los casos de opositores que han sufrido detenciones arbitrarias.

La ley de amnistía, en vigor desde el 19 de febrero de 2026, ha sido calificada por algunas ONG como un “espejismo jurídico”, sin capacidad de promover una justicia efectiva. La organización Justicia, Encuentro y Perdón sostiene que la amnistía no es un verdadero mecanismo de transición hacia la justicia, sino un instrumento para buscar legitimidad internacional.

A pesar de que la ley abarca varios años de gobierno chavista, limita su alcance a ciertos eventos y deja fuera casos de intentos de golpe de Estado y magnicidios. Según Foro Penal, más de 19,000 detenciones arbitrarias han ocurrido desde 2014, con más de 11,000 personas actualmente con restricciones de libertad. Aunque se han excarcelado alrededor de 700 presos políticos desde que Rodríguez asumió el cargo, muchos aún claman por su liberación inmediata.

Bolívar critica la falta de técnica jurídica de la ley, que fue elaborada en un corto periodo y sin un proceso adecuado de consulta. Además, destaca las dificultades que enfrentan los solicitantes de refugio, quienes, al renunciar a la protección de su país, no pueden acercarse a un consulado sin arriesgar su estatus de protección.

Los exiliados expresan su deseo de regresar a Venezuela. Díaz Sánchez menciona que, a pesar de estar solo un año fuera, el apego a su país es fuerte, aunque se siente insegura por la permanencia en el poder de quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Peche Arteaga también anhela volver, pero las dudas sobre la amnistía y la arbitrariedad del chavismo son persistentes. Además, recuerda que casi 8 millones de venezolanos han emigrado debido a la crisis política y humanitaria en el país.