El juzgado encargado del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció el 28 de julio que emitirá una sentencia condenatoria, tras determinar que se probaron los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia comunicó esta decisión durante la audiencia de lectura del fallo, una fase procesal en la que se da a conocer la resolución final, aunque sin especificar aún la pena ni los fundamentos legales detallados.

La jueza indicó que la comprobación de estos delitos «obliga a esta instancia a anunciar un fallo condenatorio contra el señor Álvaro Uribe Vélez por las conductas de soborno en la actuación penal en tres ocasiones y en relación con el fraude procesal». Asimismo, se pronunció sobre un fallo absolutorio en cuanto al delito de soborno.

Es importante mencionar que la defensa del expresidente tiene la opción de apelar la decisión y que la condena no es definitiva. Sin embargo, este anuncio marca un momento histórico en Colombia, ya que es la primera vez que un expresidente enfrenta una condena en primera instancia por manipulación de testigos y obstrucción a la justicia. «La incursión en estas conductas afectó la recta administración de justicia; el señor Álvaro Uribe Vélez era consciente de la ilicitud de su actuar», afirmó la jueza al exponer su decisión.

Durante su exposición, la jueza manifestó que, según las pruebas presentadas por la Fiscalía y los representantes de las víctimas, «quedó suficientemente acreditada la materialidad del soborno en la actuación penal respecto del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda». En 2011, Monsalve había dado una entrevista vinculando a los hermanos Uribe Vélez con actividades delictivas, lo que llevó al expresidente a presentar una denuncia contra el congresista Iván Cepeda. Sin embargo, la Corte Suprema se abstuvo de investigar a Cepeda y, en 2018, remitió copias contra Uribe.

La jueza explicó que, tras este episodio, se llevó a cabo una operación para persuadir a Monsalve a cambiar su declaración, utilizando al abogado Diego Cadena Ramírez y otros implicados que ofrecieron beneficios legales y protección a su familia a cambio de que desmintiera su testimonio y acusara a Cepeda de coerción.

Asimismo, la jueza determinó que se había incurrido en fraude procesal tanto antes como después del auto inhibitorio de la Corte Suprema del 16 de febrero de 2018. Entre las evidencias presentadas, se destacó una carta firmada por Carlos Enrique Vélez Ramírez, que fue considerada falsa. «Este documento tenía el potencial de inducir a error a la Corte Suprema para que tomara una decisión favorable a Álvaro Uribe Vélez», expresó la jueza. También se cuestionó la autenticidad de otros documentos y videos presentados en el proceso.

La jueza enfatizó que se intentó socavar la verdad procesal desde diversas aristas, buscando afectar judicialmente a quienes eran considerados adversarios políticos. El fraude procesal se manifestó de manera reiterada, tanto antes como después del auto inhibitorio, con el objetivo de influir en las decisiones judiciales.

La Fiscalía solicitó una pena que podría oscilar entre 6 y 12 años de prisión, además de una multa de 600 salarios mínimos. La defensa, por su parte, pidió que el expresidente mantenga su libertad hasta que se argumente la posible pena. La lectura final de la decisión está programada para el próximo viernes, 1 de agosto, a las 2:00 p.m., marcando un cierre significativo en el llamado Juicio del Siglo en Colombia.