El expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien enfrenta acusaciones de rebeldía por intentar disolver el Congreso, fue llevado a un hospital debido a una descompensación en el marco de una huelga de hambre que inició hace cuatro días en protesta por su juicio.

**LIMA** – Durante una sesión del tribunal de la Corte Suprema, se informó que Castillo, de 55 años, fue hospitalizado tras presentar una «descompensación». El objetivo de su traslado fue descartar un «trastorno hidroelectrolítico y una leve deshidratación». La fiscalía está solicitando 34 años de prisión por el presunto delito de rebelión, originado en su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2021 para evitar una votación de destitución y gobernar por decreto.

Antes de ser enviado al hospital, dos médicos examinaron a Castillo, quien estuvo casi una hora conectado a una vía de suero en su celda. Adicionalmente, se le diagnosticó «un posible síndrome conversivo», relacionado frecuentemente con el estrés y problemas emocionales.

Desde el 7 de diciembre de 2022, Castillo se encuentra bajo prisión preventiva, tras anunciar en un discurso que gobernaría por decreto, sin el respaldo de las fuerzas de seguridad. Fue detenido inmediatamente y el Congreso lo destituyó, lo que llevó a su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, a asumir el poder. Esta situación desató tres meses de protestas en los Andes, resultando en 50 muertes de civiles.

Castillo ha calificado su juicio de «pantomima» y ha cuestionado a la jueza Norma Carbajal por haber expresado su opinión antes de que se llegara a un veredicto, solicitando su reemplazo. Además, se ha negado a contar con una defensa legal adecuada, lo que llevó a la renuncia de su primer abogado. Actualmente tiene otros dos abogados gratuitos, a quienes también ha rechazado.

Un informe reciente de la agencia que gestiona las cárceles peruanas indicó que, en el segundo día de su huelga de hambre, los médicos diagnosticaron a Castillo con «ligera deshidratación». La misma entidad ha calificado su huelga como un acto de indisciplina, lo que resultó en la suspensión de visitas y su aislamiento.

El miércoles, Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda para que se levanten las sanciones impuestas, según lo declarado por Walter Ayala, un exministro de Castillo y su antiguo abogado.

Fuera del hospital II de Vitarte, donde fue trasladado, un grupo de simpatizantes escuchó por teléfono a Lilia Paredes, esposa de Castillo, quien está asilada en México con sus dos hijos. Paredes expresó su determinación de «luchar y pedir a los organismos internacionales que se pronuncien, pues están acabando con la vida de un ser humano».

El exprofesor rural, que asumió el poder en 2021, también enfrenta otra investigación por presuntos actos de corrupción durante su mandato, que incluyen irregularidades en ascensos dentro del escalafón militar y la designación de un consorcio para la construcción de un puente sin cumplir con los requisitos de un concurso. [Con información de AP]