La familia de Alejandro Carranza Medina, un colombiano que falleció el 15 de septiembre en un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe, ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC. En su petición, argumentan que la acción que resultó en su muerte fue ilegal, convirtiéndose en la primera queja formal relacionada con los controvertidos ataques del Pentágono contra lo que se presume son «narcolanchas».

El abogado de derechos humanos Dan Kovalik, con sede en Pittsburgh, Pensilvania, firmó el documento en nombre de la esposa de Carranza, Katerine Hernández Bernal. En la denuncia se detalla que el ataque tuvo lugar el 15 de septiembre de 2025, cuando el ejército estadounidense bombardeó la embarcación que Carranza navegaba en el Caribe, frente a la costa colombiana, causando su muerte.

La familia sostiene que Carranza era un pescador que buscaba marlines y atunes, y que salió a pescar ese día sin regresar a casa. En la denuncia, se afirma que Estados Unidos ha cometido un asesinato extrajudicial, violando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Un líder de una asociación de pescadores de Santa Marta es mencionado como testigo del incidente.

Las acusaciones incluyen violaciones de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica, así como el derecho a un juicio justo y al debido proceso legal. La CIDH, que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en América, tiene la capacidad de investigar estos casos y emitir recomendaciones, aunque Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el documento también se menciona a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, como el responsable del ataque. Se indica que Hegseth ordenó el bombardeo sin conocer la identidad de las personas a bordo y que el ex presidente Trump apoyó públicamente estas acciones, afirmando que se trataba de narcotraficantes.

La denuncia subraya que el ataque del 15 de septiembre fue el segundo en una serie de operaciones contra presuntas «narcolanchas». La familia de Carranza busca justicia y reparación, y su abogado considera que esta denuncia es un primer paso importante para cuestionar el asesinato y poner fin a estos ataques. La atención pública y congressional sobre estos incidentes ha aumentado, especialmente tras revelaciones sobre la intención de eliminar a posibles sobrevivientes en un ataque anterior.