Unas 100 personas marcharon el martes para exigir que las autoridades ecuatorianas cumplan con las disposiciones de un referéndum popular de hace un año y pongan fin a la producción de petróleo en un sector de la Amazonia donde viven pueblos indígenas, incluidos dos grupos en aislamiento autoimpuesto.
La líder del pueblo Waorani, Alicia Cahuia, dijo a los manifestantes que hace un año los ecuatorianos votaron «por mantener el petróleo bajo tierra para cuidar el futuro del Yasuní» y argumentó que «el gobierno no ha cumplido el compromiso de Ecuador con el Amazonas «.
También solicitó que un representante de su grupo sea incluido en un comité responsable de planificar el cierre de las operaciones petroleras en el Parque Nacional Yasuní.
Una docena de vaoranos llevaban sombreros de plumas y pieles de animales, y mientras tomaban posiciones fuera del Departamento de Energía, algunas mujeres cantaban en su lengua materna.
En una encuesta popular realizada el 20 de agosto de 2023, el 58,99% de los votantes dijo no a la producción de crudo del Yasuní. La Corte Constitucional, que aprobó la inclusión de este tema, le dio al gobierno un plazo de un año para retirar la infraestructura petrolera en el campo denominado Yasuní ITT.
Durante los últimos 10 años, se han producido alrededor de 57.000 barriles de petróleo crudo diariamente en Yasuní, lo que aporta 1.200 millones de dólares al año al tesoro, según cifras oficiales.
Allí viven en aislamiento voluntario dos comunidades indígenas, los Tagaeri y los Taromenane, que se mueven libremente por la selva y evitan cualquier contacto con la cultura occidental. Yasuní fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1989.
La vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas, Zenaida Yasakama, dijo en el mismo evento que «queremos que se escuche nuestra voz» como defensores de la naturaleza «que no protegemos por un año o dos años, protegemos todos nuestras vidas.»
El ministro de Energía, Antonio Gonçalves, dijo que ese campo sería cerrado y que estaba trabajando con la empresa estatal Petroecuador en un «plan de salida, desmantelamiento». El gobierno señaló anteriormente que dicha acción podría llevar de tres a cinco años debido a la complejidad de la tarea.
Ecuador recibe alrededor del 30% de sus ingresos de la actividad petrolera.
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