La justicia en Colombia ha dado un giro significativo en el proceso de Consulta Popular promovido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico. En un fallo de tutela, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá respaldó el derecho al debido proceso de la senadora María José Pizarro, concluyendo que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, actuó de forma arbitraria al no permitir que se resolviera la apelación presentada por la congresista.

El juez determinó que la apelación de Pizarro, presentada el 14 de mayo durante la sesión plenaria en la que se votaba la aprobación de la Consulta Popular, debía ser tramitada de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 5 de 1992, que permite apelar decisiones del presidente del Senado. Al no atender este recurso, la Mesa Directiva vulneró el derecho al debido proceso.

La jueza Hilda María Saffon Botero ordenó que «en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas tras la notificación de esta providencia, se resuelva el recurso interpuesto por la Senadora el 14 de mayo de 2025, relacionado con el cierre de la votación sobre la consulta popular». Este fallo respalda la posición del Pacto Histórico y del Ejecutivo, quienes han denunciado irregularidades en el proceso de votación.

El Gobierno sostiene que, al no resolver la apelación y haberse excedido el plazo legal de 30 días, el Congreso perdió la facultad de oponerse a la convocatoria de la Consulta, lo que abriría la puerta para que el Gobierno la decrete. María José Pizarro declaró: «El presidente del Congreso no solo violó mis derechos como senadora, sino los derechos políticos del pueblo colombiano. Su maniobra dilatoria hizo que el Congreso superara el plazo de 30 días para decidir, y ahora la Consulta puede ser decretada».

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue contundente al afirmar que «Efraín Cepeda hizo trampa», señalando que un juez de la República determinó que se vulneraron los derechos de Pizarro al no reabrir la votación tras su apelación. Benedetti añadió que el juez le ha dado 48 horas al presidente del Senado para que repita la votación en el Senado.

El juez se pronunció a favor del Pacto Histórico y del Gobierno al considerar que hubo una clara violación al debido proceso legislativo. También reconoció que se desconocieron los derechos fundamentales de Pizarro y de los ciudadanos representados en el Congreso al omitir el trámite obligatorio de la apelación.

La jueza Hilda María Saffon Botero amparó el derecho al debido proceso de la senadora María José Pizarro, determinando que su apelación sobre el cierre de la votación de la consulta popular no fue adecuadamente tramitada por Efraín Cepeda. En su fallo, la jueza ordena a Cepeda resolver la apelación en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la sentencia, y también rechazó otras demandas, como la solicitud de reforma a la Ley 5 de 1992, remitiendo el caso a la Corte Constitucional para su revisión.

Este pronunciamiento judicial representa un triunfo político para el Gobierno y plantea un panorama incierto para el Congreso, que deberá decidir si cumple con la orden y resuelve la apelación de manera legal. El desenlace podría reabrir la posibilidad de que la Consulta Popular avance, tal como busca el Ejecutivo.