La activista española Reyes Rigo ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía israelí que resultará en su deportación, tras el pago de una multa. Rigo enfrentaba cargos formales de agresión después de su arresto durante la interceptación de la Global Sumud Flotilla la semana pasada. Las autoridades israelíes habían solicitado su prisión preventiva hasta que se concluyera el proceso judicial. Se esperaba que Rigo, la última española de la flotilla retenida en Israel, fuera liberada este viernes.

Según la fiscalía, Rigo, de aproximadamente 50 años, se negó a ingresar voluntariamente a su celda en la prisión de Ketziot. Durante un forcejeo con el personal de seguridad, mordió a una funcionaria, causándole lesiones. La acusación ha calificado este incidente como un ataque a un servidor público, enfatizando que se trata de un intento de dañar símbolos gubernamentales. En respuesta, la Policía israelí ha prometido tomar medidas severas contra cualquier acto similar.

Un comunicado oficial emitido tras la acusación indicó: «La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia». La Fiscalía del Néguev había aclarado que se estaba llevando a cabo un procedimiento judicial para determinar las condiciones de liberación de Rigo. La detención de la activista se había extendido en los últimos días por orden del tribunal local, generando incertidumbre sobre su situación mientras se realizaba la investigación en Segev Shalom. Hasta ahora, las autoridades penitenciarias no han proporcionado detalles sobre su posible traslado o la fecha de la audiencia para resolver la prisión preventiva.

**Atención Internacional al Caso de Rigo**

El caso de Reyes Rigo ha atraído la atención internacional, dado que es la última ciudadana española de la flotilla aún retenida en Israel. Su detención y los cargos se producen pocos días después de que Israel interceptara una segunda flotilla y comenzara a deportar a varios de sus miembros, incluidos tres diputados turcos de la llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens.

Los abogados de Rigo no han hecho comentarios públicos sobre las acusaciones ni sobre la solicitud de prisión preventiva. En Israel, los cargos de agresión a un funcionario público se consideran delitos graves, y la mención de «lesiones» podría aumentar la probabilidad de que el tribunal acepte la solicitud de detención mientras se desarrolla el proceso penal.

El primer grupo de 21 españoles de la Global Sumud Flotilla deportados por Israel el pasado domingo denunció haber sufrido un «trato vejatorio e inhumano» y torturas en prisión. Varios afirmaron haber sido «atados» y «golpeados», además de no haber tenido acceso a agua potable ni comida.