La Corte Suprema ha reconocido oficialmente al presidente Gustavo Petro y al periodista Daniel Coronell como víctimas de las interceptaciones ilegales del DAS que ocurrieron entre 2005 y 2007, mientras avanza el juicio contra el exdirector Andrés Peñate.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acreditó este martes a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), a seis exmagistrados de la Corte Suprema, y al periodista Daniel Coronell, en el marco del juicio penal contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este caso se enmarca en un amplio esquema de espionaje político que el DAS llevó a cabo entre 2005 y 2007, dirigido a figuras de la oposición, magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas. Las actividades ilegales incluyeron seguimientos, interceptaciones, hostigamientos y amenazas, justificadas con la noción de que quienes cuestionaban al Gobierno eran considerados “enemigos internos” del Estado.

Según la decisión judicial, revelada por Caracol Radio y confirmada por la Corte, Gustavo Petro, en su calidad de congresista opositor y crítico del uribismo en su momento, fue objeto de vigilancia y perfilamientos irregulares. A través de su abogado, Alejandro Carranza, el presidente había solicitado ser reconocido como víctima, argumentando que estas acciones violaron sus derechos fundamentales y su ejercicio político en un sistema democrático.

Además, seis exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes también enfrentaron persecuciones durante el mismo periodo debido a sus decisiones que afectaban al uribismo, y el periodista Daniel Coronell, conocido por sus denuncias sobre las irregularidades del DAS y quien sufrió amenazas y seguimientos, fueron reconocidos como víctimas. Asimismo, el DAPRE, que asumió funciones institucionales tras la disolución del DAS en 2011, también fue acreditado.

Esta acreditación permite a las víctimas y entidades participar activamente en el proceso penal, presentar pruebas y solicitar medidas de reparación simbólica.

El caso de Peñate se suma a una serie de condenas relacionadas con el escándalo del DAS, que desató una de las mayores crisis institucionales en el país. María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo, fue condenada en 2015 por haber diseñado una estructura clandestina de inteligencia, al igual que Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia durante el segundo mandato de Álvaro Uribe.

Las investigaciones han revelado que el DAS operó durante años una oficina secreta llamada G3, dedicada exclusivamente a espiar ilegalmente a opositores políticos y miembros del poder judicial. Esta operación se justificó como una medida de defensa contra lo que el uribismo denominó “guerra jurídica”, que supuestamente buscaba deslegitimar su mandato.

El reconocimiento de víctimas por parte de la Corte Suprema representa un avance significativo hacia la verdad judicial y el reconocimiento del uso indebido de la inteligencia estatal con fines políticos. El juicio contra Andrés Peñate continuará en las próximas semanas, y se espera que surjan nuevas revelaciones sobre la cadena de mando detrás de estas prácticas ilegales.