Al menos 5.000 militares permanecían desplegados el domingo en un departamento del noroeste de Colombia para garantizar la seguridad y la movilidad de sus habitantes luego de que un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declarara un paro que restringirá el movimiento terrestre y fluvial en la zona, según una autoridad militar.

El Frente Militar Occidental del ELN, de Olmar Gómez, advirtió que a partir del domingo se iniciará un «paro armado indefinido» en los ríos San Juan, Sipi y Cajón y en la carretera Novita-Tora, en el departamento de Chocó. Justificó la medida en la «fuerte batalla» con el clan del golfootro grupo armado con el que disputan territorio.

El comandante de una de las fuerzas de tarea conjunta, coronel Cristian Leguizamón, en declaraciones a la radio colombiana W, aseguró que la movilidad en la zona se desarrolla con normalidad. Añadió que las unidades militares fueron desplegadas «para ejercer el control» y «garantizar los derechos de los ciudadanos», afirmó.

Los informes de la Titan Joint Task Force en su cuenta X, antes Twitter, desde el río Sippy y San Juan mostraron una afluencia de personas circulando en embarcaciones y «en libre movimiento».

El coronel Leguizamón dijo que la medida anunciada por el ELN se implementó cuando no se renovó el cese al fuego bilateral acordado con el gobierno, por lo que consideró que «así es como se debe presionar».

La gobernadora del Chocó, Nubia Calderón, aseguró en un vídeo enviado en un chat con periodistas que los combates y la disputa territorial entre ambos grupos están exacerbando una «crisis humanitaria» entre las comunidades negras, indígenas y rurales que habitan esos territorios.

Según Calderón, la movilidad se ve afectada, pero también las actividades comerciales, educativas, de salud y otras que impiden que sus vidas transcurran en paz. El conflicto, afirmó el funcionario, deja unas 30.000 personas encarceladas y unas 15.000 desplazadas.

Los diálogos de paz que se reanudan entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN desde 2022. desde entonces, entraron en crisis cuando el gobierno aprobó un diálogo regional en Narinho, fronterizo con Ecuador, con una facción del ELN que rompió con el mando general. Desde entonces, las rondas de negociaciones se han estancado, por lo que el alto el fuego bilateral, vigente desde agosto de 2023, expiró sin que se haya llegado a un acuerdo para extenderlo.

Esta organización guerrillera, fundada en 1964, exige al gobierno que deje de lado las conversaciones regionales y emita un decreto que la elimine de la lista de «grupos armados organizados» para darle un estatus más político y así retomar las negociaciones.

En febrero, otro ataque armado del mismo frente armado del ELN interrumpió las actividades en Chocó durante cuatro días.

¡Conéctate con la VOA! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, h e Instagram.