La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha exigido una investigación completa, independiente, imparcial y transparente sobre los graves delitos ocurridos en Rancho Izaguirre, Jalisco, donde se encontraron restos humanos calcinados. Liz Throssell, portavoz de la ONU-DH, describió este descubrimiento como un «recordatorio profundamente perturbador del sufrimiento causado por las desapariciones relacionadas con el crimen organizado en México».

Además, la ONU-DH instó a las autoridades a fortalecer los esfuerzos para identificar los restos hallados y permitir que las familias participen en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas. También hizo un llamado al gobierno para «mejorar las medidas preventivas y garantizar la protección y el apoyo a las familias de las víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación».

Se ha señalado que el rancho, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, era un lugar donde «se entrenaba a jóvenes que eran reclutados forzosamente mediante ofertas de trabajo falsas». Aquellos que se resistían a los abusos eran «sometidos a tratos brutales» y, lamentablemente, algunos eran asesinados, lo que se relaciona con la aparición de fragmentos óseos y restos calcinados en el sitio.

La ONU-DH subrayó que este hallazgo es aún más inquietante, ya que en 2024, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco habían revisado el lugar sin encontrar pruebas cruciales. Durante el fin de semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicado a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas, compartió en sus redes sociales imágenes de los descubrimientos realizados en la finca. Este terreno fue localizado por los activistas gracias a una llamada anónima. El miércoles, la Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de seis fosas comunes con restos humanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el descubrimiento como «terrible» y afirmó que «corresponde al gabinete de seguridad, a las fiscalías y, en su momento, a los tribunales o al poder judicial investigar y profundizar en este caso, que ya se había abordado anteriormente».