El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el jueves 5 de junio de 2025, la decisión de actualizar el armamento del ejército, adaptándolo a la situación de conflicto interno del país. Esta medida se tomó tras recibir una alerta de la Contraloría sobre la obsolescencia de algunos artefactos militares. «He solicitado, a través de un mecanismo de vigencias futuras, modernizar completamente el armamento del ejército, asegurando su relevancia para el tipo de conflicto que enfrenta Colombia. La rapidez y la profundidad son esenciales», expresó en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, el presidente enfatizó la necesidad de que las fuerzas armadas incorporen «nuevas tecnologías aeroespaciales, matemáticas cuánticas, dominio de rayos, control total de puertos y un manejo moderno de inventarios utilizando Blockchain», una tecnología de base de datos segura y descentralizada que permite un control más riguroso del material militar.

Esta declaración se produce dos días después de que la Contraloría General de la República enviara una carta al comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Luis Emilio Cardozo, advirtiendo sobre armamento que ha superado su vida útil, con algunos artefactos con fechas de vencimiento desde 2017, así como el riesgo de pérdida de municiones en instalaciones militares.

El organismo de control realizó visitas a diversas unidades militares, incluyendo las de Tolima, La Guajira y Cesar, donde se encontraron municiones no formalizadas, granadas sin seguros y alteraciones en las series de fusiles y registros. Esto, según la Contraloría, «aumenta el riesgo de asignación de munición vencida a las unidades en operaciones, así como la posible pérdida de su utilidad, sin que se tomen las acciones necesarias para prevenirlo».

Petro, quien fue miembro del grupo guerrillero M-19 en su juventud, había denunciado el año pasado la desaparición de más de un millón de proyectiles y municiones del ejército en dos bases militares del país, y advirtió sobre la posible existencia de una red de tráfico de armas dentro de la institución.