El 5 de febrero es una fecha de gran importancia para México, ya que se conmemora el Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento, promulgado en 1917, surge en el contexto de la Revolución Mexicana y establece las bases jurídicas, políticas y sociales del país.

La Constitución fue firmada en Querétaro y publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día. Aunque entró en vigor en mayo de ese año, su promulgación marcó un punto de inflexión en la organización del Estado mexicano, consagrando derechos sociales que eran inéditos en su tiempo.

Este día es conocido como el Día de la Constitución Mexicana, y al ser un festivo oficial, muchas escuelas, oficinas gubernamentales y empresas suspenden actividades, celebrándose de manera formal el primer lunes de febrero. En diversas partes del país, se llevan a cabo ceremonias cívicas y eventos culturales en honor a esta fecha histórica.

La Constitución de 1917 fue elaborada por el Congreso Constituyente, bajo la presidencia de Venustiano Carranza, y refleja las demandas de diversos sectores sociales que lucharon durante la Revolución, especialmente campesinos y trabajadores. Se considera la primera constitución en el mundo que reconoce explícitamente derechos sociales.

En comparación con la Constitución de 1857, la de 1917 introdujo cambios significativos. Por ejemplo, se ratificó el sistema de elecciones directas y se prohibió la reelección presidencial. También se eliminó la figura de la vicepresidencia y se fortaleció la autonomía del Poder Judicial, otorgando más soberanía a los estados. Además, se establecieron derechos fundamentales como la educación laica y gratuita, la libertad de expresión y la jornada laboral de ocho horas.

Hoy en día, más de un siglo después de su promulgación, la Constitución de 1917 sigue siendo la norma suprema que regula las relaciones entre ciudadanos y gobierno a diferentes niveles: federal, estatal y municipal. Su estructura comprende una parte dogmática, que detalla derechos y obligaciones, y una parte orgánica, que regula el funcionamiento de los poderes públicos.