El Gobierno de Irán ha tomado una decisión histórica al aprobar un decreto que permite a las mujeres obtener permisos de conducir motocicletas, poniendo fin a una prohibición que existía desde la creación de la República Islámica en 1979. Esta medida se ha debatido intensamente en el país durante varios meses, a pesar de que muchas mujeres ya conducían motos de manera informal, a pesar de que la práctica era ilegal.

El artículo 20 de la Ley de Tráfico de Irán hacía referencia únicamente a «hombres» en lo que respecta a los permisos de conducción de motocicletas, lo que había llevado a las autoridades a no expedir licencias a mujeres hasta ahora. Sin embargo, el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha firmado un decreto que instruye a la Policía de la República Islámica a emitir estos permisos para mujeres, según ha informado la agencia ISNA y recoge EFE.

El decreto también estipula que la Policía debe capacitar a las mujeres que deseen ser conductoras y realizar los exámenes correspondientes para obtener el permiso. Las clases serán impartidas por instructoras femeninas, y en caso de no haber suficientes, por hombres, siempre cumpliendo con las normas religiosas e islámicas.

La aprobación de esta medida llega en un contexto de protestas masivas y violentas en Irán, que comenzaron por razones económicas a finales de diciembre, pero que rápidamente se transformaron en demandas para poner fin al régimen instaurado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979. Las autoridades iraníes han responsabilizado a Israel y Estados Unidos de avivar la violencia, mientras que datos oficiales reportan 3,117 muertos en las manifestaciones, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., elevan el número a 6,842 muertes, además de investigar otros 11,000 posibles homicidios y más de 40,000 detenidos.

En su informe anual publicado recientemente, Human Rights Watch ha denunciado que las mujeres y las niñas en Irán siguen enfrentando discriminación y violencia severas, ya que las leyes les niegan derechos equivalentes a los hombres en áreas como el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, relegándolas a una condición de ciudadanas de segunda clase.