El Gobierno conservador de Portugal ha llegado a un acuerdo con el partido ultraderechista Chega para modificar la Ley de Nacionalidad, lo que implica un endurecimiento de los requisitos y tiempos de espera para obtener el pasaporte portugués. La nueva legislación también contempla restricciones en los visados para la búsqueda de empleo, limitándolos a trabajadores cualificados, y elimina la posibilidad de que los brasileños regularicen su situación tras ingresar al país con un visado de turista. Asimismo, se establecen nuevas limitaciones para que los hijos de migrantes nacidos en Portugal obtengan la ciudadanía, se endurecen las condiciones para los adultos y se suprime el régimen especial para los judíos sefarditas.

En un discurso transmitido por televisión, el primer ministro, Luís Montenegro, advirtió que su Gobierno, que no cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, seguirá implementando restricciones migratorias y anunció su próximo paso: una nueva ley para facilitar las deportaciones. Además, este martes, la Asamblea de la República (Parlamento) aprobó una propuesta para modificar el Código Penal, permitiendo que un tribunal pueda revocar la nacionalidad a cualquier persona que cometa delitos graves.

Con los nuevos cambios, los hijos de migrantes nacidos en Portugal deberán expresar de manera explícita su deseo de obtener la nacionalidad portuguesa, y al menos uno de los padres deberá tener residencia legal en el país durante al menos cinco años. Anteriormente, estos niños obtenían el pasaporte de forma automática si uno de sus progenitores residía legalmente en Portugal. Además, los hijos extranjeros adoptados por ciudadanos portugueses, que hasta ahora adquirían la nacionalidad automáticamente, deberán solicitarla de forma explícita.

En cuanto a los migrantes adultos que deseen obtener la ciudadanía, se establece un requisito de residencia legal en Portugal de al menos siete años para aquellos provenientes de países de lengua portuguesa o de la Unión Europea, mientras que para los de terceros Estados se incrementa a diez años, en comparación con los cinco años que se exigían anteriormente a todos los solicitantes.

La migración es una de las cuestiones prioritarias para Chega, y la decisión del Gobierno no ha sorprendido a la población portuguesa, ya que desde su reelección en las elecciones parlamentarias de mayo, Montenegro había indicado que contaría con el apoyo de la extrema derecha (que fue la segunda fuerza más votada) para endurecer las políticas migratorias del país.

El presidente de Chega, André Ventura, declaró a las puertas del Parlamento que Portugal se une a la lista de países europeos donde será más complicado obtener la ciudadanía, y destacó que fueron necesarias «concesiones de ambas partes» para alcanzar este acuerdo. Tras extensas negociaciones, el Ejecutivo aceptó incluir en el proyecto dos de las tres propuestas de Chega: la pérdida de nacionalidad para quienes hayan obtenido el pasaporte portugués de manera «fraudulenta» y la obligación de contar con recursos económicos propios sin depender de subsidios.

En julio, el Parlamento aprobó la creación de una nueva unidad dentro de la Policía Nacional, encargada de combatir la migración irregular y coordinar las deportaciones. El mes pasado, el Ejecutivo presentó una nueva versión de la reforma de la ley de inmigración, destinada a abordar las objeciones planteadas por el Tribunal Constitucional en relación con las restricciones a la reunificación familiar.