La justicia de Ecuador condenó este miércoles a 15 meses de prisión, además de confiscar bienes y pagar multas, a Mayra Salazar, considerada pieza clave en el mayor caso de narcotráfico que se infiltra en la justicia, la política y la policía de Ecuador. llamadas metástasisen el que se juzga a cincuenta personas.

El juez Manuel Cabrera declaró a Salazar autor directo del delito de delincuencia organizada y, de acuerdo con el acuerdo con la Fiscalía, le impuso una multa de $5,520, el pago de restitución de $11,040 y el decomiso de bienes previamente decomisados. Los fiscales dijeron que Salazar también debe pagar 6.300 dólares en restitución por el dinero que recibió en sus cuentas.

Salazar, un comunicador de 35 años, recibió una sentencia reducida en un 75% luego de aprovechar un juicio sumario tras proporcionar información que los fiscales consideran clave, incluidos documentos y contactos que muestran vínculos entre agencias gubernamentales y el crimen organizado.

Esta información permitió procesar a figuras como Vilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, órgano de administración y control de la función judicial. Terran cumple orden de prisión preventiva.

El Ministerio Público, en relación directa con el narcotraficante Leandro Norero y «coopera a nivel administrativo para promover la impunidad de la organización criminal» negociando con jueces dispuestos a recibir sobornos.

Salazar llegó el miércoles a la audiencia en la Corte Nacional de Quito en un vehículo blindado y custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad; El juez ordenó que la prensa no pueda grabar la audiencia como medida de protección adicional.

También vinculados a este caso histórico están el general de policía Pablo Ramírez, ex director del sistema penitenciario del país; la colombiana Claudia Garcón, parte de una propuesta para pacificar las cárceles; siete jueces, varios fiscales, el exdiputado Rony Aleaga —del partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017)— y abogados independientes, entre otros.

Ocho acusados ​​habían sido juzgados anteriormente y sus sentencias se redujeron a 40 meses después de que cooperaron eficazmente. El caso Metástasis comenzó tras el asesinato del influyente narcotraficante Leandro Norero en octubre pasado en una prisión de la región central andina del país.

De los celulares de Norero, la Fiscalía extrajo cientos de conversaciones que dieron lugar a otros dos casos importantes: Purga, que investigó el supuesto vínculo entre política, justicia y narcotráfico, y Plaga, que investigó una estructura ilegal a la que presuntamente pagaba ilegalmente a jueces. liberar a prisioneros o detenidos extremadamente peligrosos como el exvicepresidente Jorge Glass.

Salazar lleva siete meses preso, a diciembre de 2023; Con la decisión judicial de hoy, el acusado podrá quedar en libertad en marzo del próximo año.

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