Organizaciones sociales y sindicales se reunieron el miércoles en Quito en una movilización mal recibida que buscaba rechazar una posible eliminar los subsidios al combustible que se anunciará en las próximas semanas, según funcionarios del gobierno.
Unos 250 trabajadores, comerciantes, activistas, entre otros, transitaron por algunas calles de la capital sin provocar enfrentamientos con la policía y en medio de gritos en contra el presidente Daniel Noboa y el Fondo Monetario Internacional, al que acusan de exigir al gobierno que suba los precios de los combustibles.
Ante las protestas anunciadas ayer, la seguridad en el Palacio de Carondelet -sede del gobierno- fue reforzada desde temprano con vallas para impedir el acercamiento de los manifestantes.
«Unir al pueblo, sumarnos a la lucha contra este gobierno neoliberal», instaron los manifestantes durante la marcha, en la que también se leían pancartas como «FMI ordena, Noboa ejecuta».
«Nos estamos movilizando en todo el país para detener las políticas antipopulares de un gobierno mentiroso como el de Noboa», dijo Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que convocó las protestas.
Erazo aseguró que las movilizaciones comenzaron y continuarán el jueves hasta que «se levanten las medidas», dijo.
A través de sus ministros, el gobierno ha anunciado que se prepara para eliminar el subsidio al combustible, que en 2023. representó $644 millones en el presupuesto estatal.
El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dijo en declaraciones al canal Teleamazonas que el precio de la gasolina Extra, que es la más común, aumentará 25 centavos, lo que significa que costará alrededor de $2,72 el galón.
Sin dar una fecha exacta, aseguró que aún están por concretar los mecanismos para pagar indemnizaciones a unos 84.000 transportistas y socializar la medida. «Lo importante es que estamos atacando el subsidio más injusto del país», que según él beneficia alrededor de 300 millones de dólares «al 20 por ciento de la población con más recursos».
Clever Hidalgo, del Frente Único de Trabajadores de la provincia de Pichincha, a la que pertenece Quito, dijo que exigen que no se apruebe este «gran paquete» que, según afirma, afectará al 80% de la población, mientras que Cristina Caguana, presidenta del El grupo Mujeres por un Cambio afirmó que «estas medidas neoliberales significan más inseguridad para las mujeres».
Los dos gobiernos anteriores al de Noboa también intentaron quitar este subsidio, y tanto Guillermo Lasso (2021-2023) como Lenin Moreno (2017-2021) tuvieron que dar marcha atrás, presionados por violentas protestas que amenazaban la estabilidad de sus gobiernos.
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