La sede del Servicio de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN), conocida como El Helicoide, ha sido denunciada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) por la supuesta reclusión y el interrogatorio de prisioneros políticos, según testimonios de sus familiares. En un comunicado emitido el lunes 21 de julio de 2025, Clipp informó sobre «nuevas detenciones arbitrarias» en el país, a pesar de la reciente excarcelación de un grupo de prisioneros políticos, lo que ha generado una «dinámica perversa de puerta giratoria».

«Nos preocupa profundamente que, aunque algunas personas hayan sido liberadas, sigan produciéndose nuevas detenciones arbitrarias, lo que perpetúa una situación de represión continua que afecta a numerosas familias venezolanas», señaló la organización en su mensaje publicado en X. Clipp enfatizó la necesidad de «alzar la voz con más fuerza» y exigir la inmediata cesación de la criminalización del pensamiento disidente, reiterando sus demandas ante las instituciones estatales.

Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo y solidaridad a todas las víctimas en Venezuela, con el fin de promover iniciativas que busquen la libertad plena de los presos políticos, el cese de la represión y el respeto integral a los derechos humanos de la población venezolana.

Hasta el momento, Clipp ha podido confirmar la liberación «efectiva» de solo 59 de las «80 personas anunciadas», todas bajo medidas restrictivas. «Estas detenciones nunca debieron ocurrir. Su encarcelamiento es parte de un patrón sistemático que configura crímenes de lesa humanidad», añadió la ONG.

Asimismo, alertaron que hay otros prisioneros que están a punto de cumplir un año en aislamiento absoluto, sin haber tenido contacto con sus familias, lo que consideran una forma de tortura tanto para los detenidos como para sus seres queridos, y un mecanismo intencionado para generar terror.

Recientemente, el Gobierno de Venezuela anunció la liberación de un grupo de prisioneros políticos como parte de un acuerdo negociado con la participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, la administración de Nicolás Maduro recibió a 252 migrantes deportados de Estados Unidos en marzo pasado, a cambio de liberar a un grupo de detenidos en el país y diez estadounidenses.