La coalición de partidos opositores de Venezuela denunció este jueves nuevas inhabilitaciones, detenciones y órdenes de aprehensión contra sus integrantes en plena campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, “ante la creciente avalancha de apoyos que cada día recibe el candidato Edmundo (González) (…) utiliza la figura inconstitucional de las inhabilitaciones administrativas como forma de castigar a dirigentes y autoridades políticas (. . .)», afirmó un comunicado de los partidos unidos en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), publicado en la red social X.

En las últimas horas, la oposición contabilizó seis colaboradores de campaña detenidos, una orden de arresto emitida por el poder judicial y 10 inhabilitaciones de alcaldes.

En lo que va de año, al menos 37 líderes políticos cercanos a la campaña opositora han sido detenidos, dijo este lunes la jefa de campaña María Corina Machado en una conferencia de prensa, donde denunció la «persecución» y criminalización de la actividad electoral.

En el comunicado, el grupo relató las detenciones y agregó la detención de Johnny Liscano, alcalde del estado Táchira, y la orden de aprehensión contra Rigoberto Ovalos, también alcalde de Táchira.

El miércoles, los fiscales acusaron a cuatro asociados de González, el principal rival de Maduro, que se postula para la reelección y predice 18 años en el poder, por «incitar al odio».

Así lo anunció el fiscal general Tarek William Saab en la red social

Según Saab, durante un acto preelectoral en La Guaira a principios de junio, los imputados «se dirigieron agresivamente al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (…), donde intentaron ingresar haciendo uso de la fuerza con la intención de causando heridas a los soldados».

Este jueves, más temprano, Edmundo González en una conversación con Voz de América Calificó las acciones del gobierno de «arbitrarias». «Se trata de una arbitrariedad que no contribuye al ambiente de paz que debe existir en un proceso electoral», respondió.

Descalificaciones

Las inhabilitaciones alcanzan a ocho alcaldes del estado Trujillo, en el suroeste del país: Heriberto Tapia (municipio de Motatán), José Carrillo (municipio de Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio de Campo Elías), Caver Peña (municipio de Sucre ), Servando Godoy (municipio de Marques Canizales), Wilmer Delgado (municipio de Monte Carmelo), Yohanti Dominguez (municipio de Carache) y Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello).

En el estado Nueva Esparta, al norte del país, las zonas para personas con discapacidad son Iraima Vásquez (municipio de Tubores) y José María Fermín (municipio de Villalba).

Según el sistema de la Contraloría General de la República (CGR), alcaldes son descalificados para ejercer cargos públicos durante 15 años.

“¿No me tienen miedo? Qué manera de conocer una solución que no ha pasado por ninguno de los canales habituales. “¡Asqueroso!”, escribió el alcalde Heriberto Tapia de Motatán junto con una captura de pantalla de la publicación del CNE.

La inhabilitación es un arma común y antigua del gobierno para sacar a sus rivales del camino electoral.

En cualquier caso, la oposición asegura que «esto en ningún caso afecta el compromiso de cambio, al contrario, lo fortalece».

«Exigimos que se respete el acuerdo de Barbados y que se conceda plena libertad a todos los presos políticos porque la politiquería y la denuncia no son un delito», continúa el comunicado.

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