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Caracas, 4 de Diciembre de 2025
Un caso que sacude los cimientos del derecho internacional ha escalado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los familiares de Alejandro Carranza Medina, un pescador colombiano de 36 años asesinado en el mar Caribe, presentaron una contundente denuncia contra el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) por graves violaciones a derechos humanos y homicidio extrajudicial.
El trágico incidente, que ocurrió en medio de una operación militar estadounidense contra supuestas narcolanchas, expone la brutalidad de las tácticas implementadas por las fuerzas militares desplegadas bajo la administración del presidente Donald Trump en aguas internacionales.
El Bombardeo y la Muerte de un Pescador
Alejandro Carranza Medina salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta el 15 de septiembre. Pocos días después, su vida fue truncada. La familia relató a la agencia AFP que el joven apareció muerto tras un bombardeo estadounidense dirigido contra una embarcación que las autoridades norteamericanas calificaron de «narcolancha».
La denuncia, presentada ante la CIDH, acusa a las fuerzas militares de EE. UU. de una actuación ilegal en aguas internacionales, al ejecutar un ataque que resultó en el homicidio de un civil desarmado que, según sus deudos, solo buscaba el sustento en el mar.
La Defensa Jurídica: Un Especialista de Alto Perfil
La representación legal de la familia Carranza ha recaído en el renombrado especialista en derechos humanos, Dan Kovalik. Kovalik, conocido por ser el abogado del presidente colombiano Gustavo Petro en Estados Unidos, ha asumido la defensa de la familia, calificando la presentación de la denuncia ante la instancia interamericana como “un buen primer paso”.
El objetivo es doble: buscar la reparación integral para las víctimas y, fundamentalmente, lograr detener las prácticas ilegales que, según Kovalik, “desprecian y violan todo el entramado jurídico y legal de la humanidad”.
La denuncia formal, a la que la AFP tuvo acceso, señala directamente a la cúpula de Defensa de la administración Trump.
“Sabemos que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas”, señala el documento.
La ratificación del escrito por parte del propio presidente Trump eleva la denuncia a un nivel de máxima responsabilidad política y militar.
La Sombra de los “Asesinatos Impunes”
El caso de Carranza Medina no es un incidente aislado. La denuncia ante la CIDH se enmarca en un patrón mucho más amplio de muertes no investigadas. La Casa Blanca ha reconocido haber realizado ataques continuos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que, según sus servicios de inteligencia, transportaban droga.
El saldo humano de esta estrategia es devastador: más de 80 personas han fallecido en estos ataques a bordo de las supuestas lanchas.
El escándalo se intensificó tras revelaciones de que las órdenes militares estadounidenses incluían ataques reiterados contra una misma lancha, con el objetivo de «eliminar supervivientes». Este hecho ha desatado una ola de críticas internacionales, al ser interpretado como una situación abierta e intencional de perpetrar crímenes extrajudiciales sin el debido proceso legal.
El accionar de las fuerzas militares de EE. UU. ha violado sistemáticamente principios fundamentales del derecho internacional, tales como:
- El Principio de Distinción: No distinguir entre combatientes y civiles (como el pescador Carranza Medina).
- El Principio de Proporcionalidad: Utilizar fuerza excesiva no justificada por la amenaza.
- El Derecho a la Vida y al Juicio Justo: Ejecuciones sumarias sin la posibilidad de un proceso judicial.
Cuestionamientos de la ONU y Análisis Geopolítico
La legalidad de estos ataques ha sido cuestionada por organismos internacionales de la más alta jerarquía. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado serias dudas sobre la legitimidad de los decesos sin juicio previo, señalando que la guerra contra el narcotráfico no puede justificar la suspensión del estado de derecho en aguas internacionales.
Expertos en seguridad y geopolítica consultados por la AFP han sido críticos con la estrategia de la administración Trump. Indican que la brutalidad de los bombardeos no ha revertido la producción de droga, que sigue en niveles altos. Más bien, sugieren que la estrategia de mano dura tiene un objetivo secundario, pero crucial: impulsar la «agenda doméstica» del presidente Trump.
La exhibición de fuerza en el extranjero y la retórica de «mano dura» contra el narcotráfico se utiliza como combustible político para reforzar la imagen de seguridad y determinación de la Casa Blanca ante su base electoral.
Un Precedente Histórico para la CIDH
La denuncia de la familia Carranza ante la CIDH es considerada un precedente histórico. Rara vez una potencia mundial como Estados Unidos es señalada ante una instancia interamericana de derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones antidrogas. Aunque EE. UU. no es miembro pleno del Sistema Interamericano, la denuncia obliga a la Comisión a realizar un examen preliminar de los hechos, lo que garantiza una visibilidad internacional del caso.
La lucha de la familia Carranza Medina, defendida por Dan Kovalik, se convierte así en la voz de las más de 80 víctimas anónimas que han perecido bajo el fuego estadounidense. Es una exigencia de justicia y una demanda para que se detengan las prácticas que convierten el mar Caribe en una zona de excepción legal, donde la vida de un pescador vale menos que un cargamento de droga. La decisión de la CIDH sobre la admisibilidad del caso marcará un hito en la defensa de los derechos humanos frente al poderío militar de las grandes potencias.