El cerco en torno al presidente Gustavo Petro va más allá de las fronteras de Colombia. Según la Revista RAYA, la operación destinada a destituirlo tiene un componente internacional: la descertificación del país en su lucha contra el narcotráfico. Esta estrategia diplomática, que ya se implementó en los años noventa para aislar al entonces presidente Ernesto Samper, tiene potenciales efectos devastadores. El excanciller Álvaro Leyva se identificaría como el principal arquitecto de esta trama.
La investigación de RAYA, publicada el 13 de julio, incluye el testimonio de un ciudadano estadounidense de origen latino, vinculado a sectores republicanos, quien afirmó haber sido testigo de diversas reuniones donde se discutieron planes contra el presidente Petro. Según su relato, uno de los primeros pasos consistía en instar a congresistas estadounidenses, particularmente a los más conservadores, a promover una campaña de desprestigio en contra del mandatario colombiano, alegando su supuesta incapacidad para gobernar.
Uno de los elementos más preocupantes de la investigación es el testimonio que indica que Leyva sugirió a congresistas estadounidenses propagar la idea de que Petro era un “drogadicto”, incapaz de cumplir con sus responsabilidades. A la par, Leyva buscaba que el congresista Mario Díaz-Balart, figura clave del Partido Republicano en Florida, solicitara la descertificación de Colombia debido a una supuesta falta de colaboración en la lucha antidrogas. Según el testigo, el objetivo era crear un contexto de crisis institucional que permitiera una transición pacífica hacia un nuevo gobierno.
La investigación también menciona que en abril de 2025, la vicepresidenta Francia Márquez viajó a Nueva York para participar en un foro de la ONU, y que Leyva intentó gestionar una reunión entre Márquez y representantes del Partido Republicano. Un político colombiano del suroccidente, identificado como “Adan”, actuaba como intermediario entre Leyva y varios actores. Este mismo nombre había aparecido en audios divulgados previamente, en los que Leyva se refería a la necesidad de un “gran acuerdo nacional” para destituir al presidente.
Además, el testimonio se alinea con una serie de cartas públicas que Leyva publicó entre abril y junio de 2025, donde cuestionaba la salud mental de Petro y sugería su renuncia. Estas misivas fueron ampliamente compartidas por figuras influyentes, y la tercera carta, escrita desde Varsovia, fue la más directa en solicitar su salida del poder. Estas acciones formaban parte de una estrategia más amplia para construir una narrativa de caos institucional, buscando que políticos estadounidenses como Díaz-Balart y Carlos Giménez replicaran este discurso en foros internacionales.
La descertificación como herramienta de presión no es un concepto nuevo. En 1996, durante el gobierno de Samper, Estados Unidos impuso esta medida alegando falta de cooperación antidrogas, lo que dejó a Colombia aislada a nivel internacional. En contraste, países como México, enfrentando problemas más severos con el narcotráfico, nunca fueron descertificados por razones estratégicas.
En el contexto actual, el exasesor de Trump, Juan Cruz, advirtió en enero de 2025 sobre la posibilidad de una descertificación a Colombia. Para abril, el exembajador en Bogotá, Kevin Whitaker, afirmó que el país enfrentaría sanciones si no presentaba resultados concretos, y la excanciller Laura Sarabia reconoció que el Gobierno se estaba preparando para ese escenario. La amenaza se hizo más tangible el 12 de julio, cuando Trump anunció un arancel del 30 % a México por “no frenar el narcotráfico”, lo que Leyva interpretó como una indicación de que Colombia podría enfrentar un destino similar.
El presidente Gustavo Petro denunció públicamente este plan en mayo, mencionando una conspiración internacional en su contra que involucraba a Leyva, narcotraficantes y al congresista Mario Díaz-Balart. Petro cuestionó cómo un senador estadounidense podría conspirar contra un presidente progresista latinoamericano junto a políticos que han colaborado con organizaciones narcotraficantes. A su vez, Díaz-Balart respondió acusando a Petro de tener problemas de drogas y de necesitar ayuda.
Leyva creía que la presión internacional era crucial para forzar la salida de Petro y aseguraba tener “alineados a todos los actores armados y no armados en Colombia” para llevar a cabo el plan. Esta no solo era una amenaza simbólica; su objetivo era provocar un aislamiento jurídico, financiero y diplomático de Colombia, creando una presión interna insostenible sobre el Gobierno. Según el testigo, Leyva pensaba que la colaboración de políticos estadounidenses facilitaría la transición y evitaría un mayor derramamiento de sangre.