Datos oficiales indican que más de 87,000 personas han sido detenidas en El Salvador como parte de la guerra contra las pandillas, una iniciativa del gobierno de Nayib Bukele. Según la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la cifra de fallecimientos en custodia policial ha llegado a 427. La ONG, que ofrece apoyo legal a familiares de los detenidos, expresó su pesar a través de un mensaje en X, señalando que estas muertes corresponden a personas que estaban en proceso judicial y no tenían condena.
El SJH también destacó que el 94% de las personas fallecidas no tenían antecedentes de pertenencia a pandillas y advirtió que el total de muertes bajo custodia estatal podría superar los 1,000, sugiriendo que hay información que se está tratando de ocultar en los juicios masivos.
La reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista, permite la realización de procesos penales colectivos por grupos de pandillas, eliminando así los juicios individuales. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha emitido ninguna sentencia bajo este nuevo procedimiento, el cual ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como una violación al derecho al debido proceso.
Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, que suspendió ciertas garantías constitucionales tras un aumento de homicidios, el Congreso ha renovado esta medida en 40 ocasiones a solicitud del gobierno. En este contexto, se han registrado más de 87,100 detenciones de personas consideradas como supuestos pandilleros, de las cuales el gobierno ha admitido que alrededor de 8,000 son inocentes.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6,400 denuncias de violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones temporales. Diversas entidades y analistas han señalado que este régimen se ha mantenido durante más de tres años como un mecanismo de control social y represión hacia las voces críticas del gobierno de Bukele.