Washington ha señalado que el grupo «mantiene una gran red terrorista» y «es responsable de múltiples ataques a gran escala en el mundo».

**MADRID, 25 de mayo. (EUROPA PRESS)** – La reciente decisión de Estados Unidos de ofrecer nuevas recompensas económicas por información que permita actuar contra las redes de financiación del partido-milicia chií libanés Hezbolá en América Latina ha vuelto a centrar la atención en las presuntas actividades de este grupo, respaldado por Irán, en la región, que se enfocan principalmente en blanqueo de capitales y tráfico ilícito, según han advertido varios países.

El programa Recompensas por la Justicia, del Departamento de Estado estadounidense, emitió el 19 de mayo un comunicado ofreciendo hasta diez millones de dólares (unos 8,8 millones de euros) por «información que lleve a alterar los mecanismos financieros de Hezbolá», designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

Fundado en 1982 en el contexto de la ocupación israelí, Hezbolá ha perdido influencia en los últimos meses debido al conflicto con Israel desencadenado por los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, a los que se unió disparando proyectiles desde el territorio libanés.

Hezbolá, que había adquirido un papel relevante en Líbano por su influencia política y militar, ha sufrido la pérdida de líderes clave, incluido su histórico líder, Hasán Nasralá, y ha enfrentado reveses como la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, al que apoyaba con el despliegue de fuerzas en el marco de la guerra iniciada en 2011.

Estados Unidos ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por las acciones de Irán y el ‘eje de la resistencia’, señalando las actividades del grupo en América Latina, donde Teherán ha incrementado su influencia desde principios de siglo a través de lazos con Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Este contexto llevó al presidente estadounidense, Donald Trump, a enfocar parte de su política exterior durante su primer mandato (2017-2021) en buscar apoyo entre países de América Latina para su campaña de «máxima presión» sobre Irán, incluyendo esfuerzos para contrarrestar las presuntas actividades de Hezbolá en la región, particularmente en la conocida como Triple Frontera —entre Argentina, Brasil y Paraguay—.

Durante este período, cuatro países de la región —Argentina, Paraguay, Honduras y Colombia— designaron a Hezbolá como organización terrorista, liderados por Buenos Aires, que ha acusado al grupo de ser responsable de dos atentados en la capital argentina durante la década de los noventa y ha intensificado sus acusaciones sobre las actividades del grupo en América Latina.

**REDES PARA «SOSTENER SUS OPERACIONES»**

El Departamento de Estado estadounidense especificó en su oferta de recompensas que el grupo «mantiene presencia en el hemisferio occidental desde los años ochenta», especialmente en la mencionada Triple Frontera, donde «miembros, seguidores y facilitadores de Hezbolá están involucrados en esquemas para generar una gran cantidad de ingresos, incluidos blanqueo, tráfico de narcóticos, comercio ilícito de diamantes y contrabando de bienes de lujo».

Un portavoz del Departamento ha subrayado en declaraciones a Europa Press que «Hezbolá depende de redes de financiación y facilitación para sostener sus operaciones y lanzar ataques a nivel global, también en el hemisferio occidental», insistiendo en que esto «supone una amenaza para los intereses de seguridad nacional» de Estados Unidos.

«Estados Unidos está comprometido con alterar las operaciones de financiación de Hezbolá, lo que limitará su capacidad para llevar a cabo ataques y apoyar a nuestros socios en los esfuerzos para degradar las capacidades terroristas, las operaciones y la influencia del grupo», ha explicado el portavoz, que ha estimado en «cerca de mil millones de dólares (cerca de 880 millones de euros)» los ingresos anuales de Hezbolá a través de «apoyo financiero directo de Irán, negocios e inversiones internacionales, redes de donantes y actividades de blanqueo de dinero».

De este modo, ha enfatizado que Hezbolá «mantiene una gran red terrorista» y «es responsable de múltiples ataques a gran escala en el mundo», incluyendo los perpetrados en 1992 contra la Embajada de Israel en Argentina y en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que dejaron más de un centenar de muertos, así como el ataque en 1994 contra un vuelo de Alas Chiricanas poco después de despegar del aeropuerto de Colón, Panamá, que resultó en más de 20 muertes.

**LA SITUACIÓN EN LA TRIPLE FRONTERA**

La región de la Triple Frontera, conocida así por el plan de seguridad firmado en 1998, es un importante punto comercial respaldado por tres aeropuertos internacionales que facilitan las actividades de organizaciones criminales, sumado a la porosidad de las fronteras que atrae redes de contrabando.

Estados Unidos ya había puesto la mirada en la zona en 2006, bajo la presidencia de George W. Bush, cuando anunció sanciones contra nueve personas y dos entidades por su «apoyo financiero y logístico a Hezbolá» en la Triple Frontera, describiéndola como «una gran arteria financiera» para el grupo en Líbano.

Así, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) declaró en un artículo publicado en julio de 2024 que la región es «estratégica en comercio y recursos naturales», además de ser «pluriétnica y multicultural» debido a proyectos de infraestructura y la creación de una zona franca en Ciudad del Este, que fomentaron migraciones a esta área.

El organismo, parte de las Fuerzas Armadas españolas, señala que miles de libaneses, junto con sirios, egipcios, palestinos y jordanos, llegaron a la zona desde la década de los sesenta, siendo especialmente numerosos los libaneses debido al éxodo provocado por la guerra civil entre 1975 y 1990.

Esta situación ha sido aprovechada por Hezbolá para establecerse, especialmente tras los atentados en Buenos Aires, que llevaron a los investigadores a apuntar a Teherán como el ‘cerebro’ y a Hezbolá como el ejecutor. Ambos, sin embargo, han negado cualquier relación con los ataques, que tenían como objetivo a Israel, su principal enemigo.

En octubre de 2024, el Gobierno argentino identificó a Husein Ahmad Karaki como jefe operativo de Hezbolá en América Latina y lo acusó de haber comprado el coche bomba utilizado en el atentado de 1992, solicitando a Interpol su detención. También se le acusa de estar detrás de varios intentos de atentado en Brasil, donde en noviembre de 2023 la Policía desmanteló una célula del grupo que supuestamente planeaba ataques contra israelíes y judíos en el país sudamericano, así como de vínculos con el crimen organizado.

Por lo tanto, el ‘think tank’ estadounidense RAND advirtió a finales de marzo que «las redes latinoamericanas de Hezbolá podrían explotar las vulnerabilidades transfronterizas» en la zona, especialmente ante la «intensa presión operativa» que enfrenta en Líbano y Siria en los últimos meses. Aunque el alcance real de sus actividades no está claro, se aboga por un refuerzo de la atención sobre estas estructuras para contener posibles riesgos de seguridad.