El Tribunal Supremo de Brasil confirmó hace unos días la condena de ocho años y diez meses de prisión al expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien fue el primer mandatario electo por sufragio universal en el país tras la dictadura militar que tuvo lugar entre 1964 y 1985.

Este jueves, 1 de mayo de 2025, la Corte Suprema decidió otorgar a Collor de Mello la prisión domiciliaria, con el uso de una tobillera electrónica. El exmandatario, que se encontraba en una cárcel en Maceió, había sido sentenciado por corrupción. Según fuentes oficiales, el magistrado Alexandre de Moraes, encargado del caso, concedió este beneficio por «razones humanitarias», tras alegar la defensa del ex presidente que Collor sufre de «graves» problemas de salud, incluyendo Parkinson y trastorno afectivo bipolar.

La autorización para la prisión domiciliaria fue respaldada por la Fiscalía General, que este miércoles defendió la medida, afirmando que los documentos presentados por los abogados del exjefe de Estado demostraban la gravedad de su situación médica. La Fiscalía advirtió que la salud de Collor de Mello podría deteriorarse si se le mantenía alejado de su hogar y de las medidas de cuidado que el Estado debe garantizar.

Collor fue arrestado tras la decisión de De Moraes de rechazar el último recurso presentado por el exsenador y ordenar el «inicio inmediato de la sentencia condenatoria» en un régimen inicialmente cerrado, una decisión que recibió el apoyo de la mayoría de los jueces del Supremo. El exmandatario fue hallado culpable de participar en un esquema de corrupción relacionado con la empresa BR Distribuidora, una antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras. Según la sentencia, Collor de Mello, con la ayuda de dos empresarios, recibió 20 millones de reales (equivalente a aproximadamente 3,5 millones de dólares o 3,1 millones de euros al cambio actual) para facilitar de manera irregular contratos de BR Distribuidora con una tercera compañía para la construcción de bases de distribución de combustibles.